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La Renta Básica: Una propuesta ¿viable? del candidato Ricardo Anaya Cortés, a la presidencia de México en 2018 y otros de sus planteamientos

 

Autora: Investigación, dirección y producción de Sonia Uberetagoyena Loredo

Un análisis, con fuentes periodísticas y bibliográficas de las elecciones, calificadas como las más grandes en la historia de México, que se efectuarán este 1 de julio de 2018, son motivo del presente examen.

México vive momentos de intensa incertidumbre, dado el contexto en el que existen un sinfín de problemas de alta importancia, que exige un análisis de corto y largo plazo, cuyo interés de solución debe expresarse en el sufragio de este 1 de julio de 2018 de elección presidencial y de 3,637 cargos de elección popular, como obligación ciudadana y como derecho a ejercer el voto, optando por alguno de los presidenciables, de conformidad con un análisis previo de sus propuestas, como condición de un votante, responsable de su propio interés.

En la contienda electoral federal de 2018 en México, se ha vislumbrado un comportamiento aritmético, alejado de la necesaria visón programática, constatado en los candidatos, incluidos los independientes, que usaron un lenguaje de SPOT de retórica mercadotécnica inmersa en una riña panfletaria, que los aleja de los intereses de los espectadores, manifiesto en el primer debate de los presidenciables, para obtener el triunfo que rija el gobierno que pretenden asumir, patente y patético en los candidatos de la “Coalición Todos Por México” (PRI, PVEM y PANAL)[1]; así como por el de “Por México al Frente” (PAN, PRD y MC)[2]).

Ricardo Anaya Cortés, ha propuesto:

1. Crear un  Ingreso Básico Universal (IBU), para reducir la desigualdad y erradicar la pobreza extrema en el país[3], sin indicar si su aplicación sería general o menos extendida, cómo se va a aplicar, el costo y su financiamiento. Tampoco explica cómo evitar la existencia de trabajadores pobres, ni alude a pagar mejores sueldos,…

Su propuesta deviene de la muy debatida “Teoría de la Renta Básica” (RB), desde hace al menos cuatro décadas, como un “ingreso básico” incondicional, para liberar a las sociedades de la pobreza, la precariedad o el desempleo, propia de una sociedad postindustrial (“economía del conocimiento”, que también propone el transformar a México, de una sociedad manufacturera a una del conocimiento), que la autoridad gubernamental proporciona como derecho individual social y como renta, a cada ciudadano y residente acreditado, al margen de la situación personal, económica y laboral y, se calcula conforme al umbral de pobreza, sin contraprestación y sin concebirse como ayuda y/o subsidio estatal.[4]

La medida se ha propuesto como estrategia, vehemente e imprescindible, de mitigo a la pobreza, desde el inicio de la crisis de 2008, en auxilio de las personas a quienes peor se les paga su trabajo y si así lo desean, a formarse, dada la cantidad de puestos de trabajo cancelados por la automatización.

La Renta Básica (RB), práctica y teóricamente admite que la pobreza se genera por la falta de oportunidades, fundamentalmente en el mercado laboral y a los bajos ingresos que se pagan, efecto del propio sistema económico. La población objetivo es un porcentaje del total de la población “pobre” cuyo consumo per cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza. La línea de pobreza es el valor monetario de una canasta básica de bienes y servicios para una persona, en un período determinado (semana, quincena, mes, etc.).

La incidencia de la pobreza se calcula mediante el Índice de Foster-Greer-Thorbecke (FGT) cuya fórmula es:

Fórmula de RBUDonde:

yi = Consumo per cápita (total del consumo del hogar dividido entre el número de miembros) del individuo i (i = 1, 2,…, q), considerando solo a quienes cuyo consumo es inferior a la línea de pobreza

n = Población Total

q = Número total de pobres

z = Línea de pobreza

σ (alpha) = Número real no negativo, que puede tomar tres valores: 0, 1 o 2.

P = Promedio (sobre la población total, n) de las distancias que separan a individuos u hogares de la línea de pobreza, ponderado por un exponente.

El valor del exponente permite que la misma fórmula dé como resultado la incidencia, brecha y severidad de la extrema pobreza o indigencia, como casos especiales de la medida. Cuando Pa=0=q/n = 0, representa la incidencia de la pobreza, como el número de individuos que están por debajo de la línea de pobreza independientemente de sus distancias a ella.

La línea de extrema pobreza o indigencia es el valor monetario de una canasta básica de bienes alimenticios, que refleja el costo necesario para satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos. La norma frecuentemente utilizada es de 2.141 kilocalorías/persona/día. Aquellos hogares cuyo consumo no alcanza a cubrir ni siquiera los requerimientos nutricionales mínimos, son considerados “indigentes”.[5]

La pobreza es un estado de privación de las personas u hogares en la satisfacción de sus necesidades básicas ((alimentación, vivienda, vestido, educación y salud). se mide mediante dos métodos principales, el indirecto (o método del ingreso o consumo), que mide el nivel de vida a partir de los ingresos o consumo de las personas u hogares, a partir de la estimación de una línea de pobreza.

Dicho método es el más usado porque detecta con relativa facilidad los cambios de corto plazo en las condiciones de vida de la población. Pero es una medida cruda ya que el ingreso (o consumo), si bien refleja la capacidad para satisfacer las necesidades materiales, no refleja necesariamente el nivel de vida alcanzado en el tiempo, ni aquellas necesidades que no dependen directa e inmediatamente del dinero.

El método directo o método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) o de los indicadores sociales, se aboca al cálculo del déficit de servicio eléctrico, déficit de agua potable, déficit de alcantarillado, hacinamiento, analfabetismo, insuficiente escolaridad, insuficiente matrícula escolar, deficiente atención de salud y baja participación laboral, utilizado en el Índice de Foster-Greer-Thorbecke, que define a un individuo u hogar (y a sus miembros) como pobre, cuando adolece de una o más de esas deficiencias, pero su uso es limitado por las dificultades y costos de medición que implica, dado que las privaciones crónicas cambian a lo largo del tiempo, lo que implica calcular los indicadores periódicamente.[6]

La RB no implica que la gente no trabaje, pero donde hoy se experimenta (Finlandia, Holanda, Canadá, Escocia y Francia que pretende iniciar en 2019), no ha sido exitoso, de modo que en Finlandia se dejará de usar, como modelo de reducción de la desigualdad.

El desempleo y la pobreza son fenómenos sociales, por lo que en un nuevo papel del Estado, se aborda colectivamente, socializando una parte de la riqueza producida para ofrecer derechos colectivos, sin limitarse a actuar en los “márgenes”, sino sobre todo el cuerpo social, a fin de proporcionar seguridad en aspectos esenciales de la vida (salud, trabajo, ingresos, educación, pensiones, etc.).

Este “estado social”, efecto del propio sistema económico, enmarca la pobreza como problema central, que se encara con un “ingreso mínimo”, un “bienestar mínimo” o un “mínimo social”, desvinculado del trabajo, al estilo del impuesto negativo propuesto por Milton Friedman en 1962, antecedente de la idea de una renta básica, que según afirmaba, reemplazaría por completo al sistema de seguridad social, al asignar una prestación a cualquier persona que se encuentre por debajo de un determinado nivel de renta.

Para Friedman, esta medida se acompañaría del final de los servicios públicos, de la seguridad social y de cualquier forma de “socialización” de los ingresos con fines colectivos, siendo preferible subvencionar directamente a las personas y no ofrecerles servicios colectivos que interfiriesen en el mercado, contrariando los derechos garantizados.

Michel Foucault, a finales de los años setenta, señaló que el nuevo sistema permitiría prestar asistencia a la población “flotante” o excedentaria para el mercado de trabajo sin un sistema centrado en el pleno empleo y sin mecanismos de seguridad social.

Al emanciparse de las viejas instituciones asalariadas y de la centralidad del trabajo que imponen, sería posible, mediante la introducción de una renta básica, transformar profundamente la lógica económica capitalista, eliminando los subsidios de desempleo, las pensiones, las ayudas familiares, las desgravaciones fiscales, los créditos fiscales a las personas, mediante becas, ayudas estatales a las empresas en crisis, desregulando legislativamente el mercado laboral, con la “flexibilidad laboral”, sin imponer un salario mínimo o un tiempo máximo de trabajo, reduciendo la edad a la que finaliza la escolaridad obligatoria y, aumentando, el de las jubilaciones.

Políticamente, la Renta Básica, promueve la liquidación de la seguridad social y de las regulaciones del mercado laboral, para luchar contra la pobreza, sin garantías sociales, a fin de reactivar el mercado basada en un sistema de ingresos universal (RB).

La crisis del mercado, alimenta una propuesta de política en el candidato Ricardo Anaya, como “combate a la pobreza absoluta” (impuesto negativo o renta básica), sin remediar el problema de la “pobreza relativa” (diferencias generales entre individuos que mitiga el sistema de seguridad social y el Estado social), mediante una renta básica universal, financieramente inconcebible sin una fuerte reducción de otros gastos sociales “colectivos”.

La introducción de una renta básica podría provocar una privatización masiva de los “anticuados” recursos colectivos, para ampliar la esfera del mercado, con la garantía política del Estado, acorde con la política de desarrollo, instruida por los principales organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de Naciones Unidas, etc.), quienes sustituyeron el acceso a los derechos, por la lucha contra la pobreza, a través de la renta básica, que normalmente se acompaña de recomendaciones de “ajuste estructural”, relacionados con la privatización y el desmantelamiento de servicios públicos, entre ellos, el sistema de protección social y su sustitución por un sistema de créditos, por lo que puede afirmarse que los recursos destinados a la reducción de la pobreza, en los presupuestos públicos, serán escasos o nulos.

La estrategia permite poner las cuestiones sociales en la agenda política, sin luchar contra las desigualdades y los mecanismos estructurales que las producen, como es el aumento considerable de la riqueza cada vez peor repartida, sin considerar que implementar una renta garantizada sea mala, porque pudiese mejorar la vida cotidiana de la población objetivo, según se propongan las autoridades gubernamentales.

La ficción es pretender una lucha contra la pobreza sin redistribución de la riqueza, si se considera que las instituciones emanadas de la 2ª posguerra, si se propusieron rebasar el propósito de ser mucho más que instrumentos de “estabilización” del sistema de mercado.[7]

Es así que la RB, como propuesta, como teoría y como práctica, deja pendiente el grave problema de falta de generación de empleos.

Eludir la voluntad política de solucionar el grave problema de desempleo, es eludir la solución estructural de la pobreza, por una discordante aplicación del progreso tecnológico, sin reflexión ética e incluso en ausencia de una reflexión del equilibrio del ciclo circular del ingreso, que genera una relación de precios y producción que no satisfacen los objetivos del nivel de producción (PIB), empleo y crecimiento de los precios, de modo que guarden una cierta proporcionalidad, ya que en caso contrario, como ocurre en esta gran recesión mundial y en México, propicia perturbaciones macroeconómicas, al haber una demanda muy baja y una oferta muy amplia de artículos, generando pérdidas a empresas y a consumidores.

Gráficas de desquilibrio de la O y D

La gran crisis, propicia que cada vez se necesiten menos empleos, para producir la misma riqueza e incluso mucho más, que acrece la concentración de la riqueza y agravándose por la hegemonía de la economía financiera.

El premio Nobel de economía del año 2001, Josehp Stiglitz declaraba que la crisis económica de 2008, causaría un incremento del paro, por lo que ante esa realidad económica transformada, una solución era renegociar las hipotecas de las familias, otorgando una Renta Básica, trasladando dinero de las capas sociales superiores a las inferiores y a la intermedia y viceversa, bajando impuestos a los más pobres y en general a los trabajadores, sin despidos laborales, sin destinar menos recursos a la educación pública, sin introducir el copago sanitario, para ajustar momentáneamente el desempleo estructural.

La sanidad pública, la enseñanza gratuita y no su sustitución, es un paso más en esa evolución.

Hoy, la tecnología obliga a distribuir recursos abundantes, que de no abrir un cauce para que la riqueza llegue a los pobres, la multiplica y hace surgir la teoría de la RB, como reparto social, al no enfrentar el grave problema del desempleo.

Hoy el poco empleo que existe y se genera, no ofrece prestaciones sociales, ni niveles de salario y horarios favorables. Aun peor es el desempleo de las personas, que no permite tener un medio de vida y por el contrario, genera un malestar profundo, agresividad y violencia, por lo cual es necesario un cambio de políticas económicas.

Lo que hay que cambiar es el modelo, la gestión de la falta de recursos, de escasez de dinero y de alimentos; el exceso de riqueza, el grave problema de la producción agraria, porque una parte de la población nacional se muere de hambre, mientras otros gastan millones de dólares.

La vida política requiere incentivar la inversión con tasas de interés adecuadas, distribuir la riqueza mediante el empleo y prestaciones sociales de ley, poniendo al capital productivo en circulación sin priorizarlo sobre el capital financiero; para que las subvenciones, a la población, a la agricultura, etc., propicien el crecimiento, el empleo, el desarrollo, que posibilite salir de la pobreza.

No se niega la imperiosa necesidad de implantar la Renta Básica para salir de la crisis, pero es preciso NO verla como solución al crecimiento económico porque tiene límites, que de no calcularse conllevaría a otra crisis, sobre todo en materia de finanzas públicas y del sistema de recaudación.

Se requiere un cambio de modelo, que moralice la política, el uso de la tecnología y la visión del desenvolvimiento económico, de modo que su uso no sea indiscriminado, en importantes áreas de actividad económica y, también evite la privatización de recursos naturales, como el agua y el cuidado de los montes, que no privatice la sanidad y cuide el medio ambiente, entre otros asuntos de la vida nacional.

La tecnología puede ser un instrumento eficaz de combate a la pobreza, pero los historia de México, muestra que política tecnológica, ha estado divorciada de las políticas sociales, económicas e industriales y que; su desarrollo y aplicación ha sido dependiente e insuficiente o nula. Así, en el modelo de sustitución de importaciones, el Estado no promovió la industrialización del país y el desarrollo social, acompañado de desarrollo tecnológico autónomo; lo que sin duda, hubiese sido de amplio provecho si se hubiese incorporado a los programas exitosos de bienestar cuasi-universal implementado desde 1940 hasta los años ‘70s; al contrato social inclusivo; al modelo económico y social integrado, siendo uno y lo mismo, para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo; integrando también a los sectores formal e informal, que arrojaba una estructura social de bajas tasas de desempleo y pobreza.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, se enfatizo el crecimiento del sector manufacturero, para generar empleo, en calidad de ensambladores, hoy en entredicho por la política áspera del gobierno norteamericano. Más aún, los sectores que han desarrollado tecnología, no son intensivos en empleo y / o no tienen muchos vínculos con el resto de la economía, lo que se agrava por la falta de financiamiento estatal y privado, en investigación y desarrollo. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) mexicanas, que contribuyen con más del 70% del empleo y más del 50% del PIB, ofrecen empleos poco calificados.[8]

Tal divorcio tecnológico de la política social y laboral, afectará al mundo, previéndose que durante los próximos años, podrían perderse hasta 5 millones de empleos por “culpa” de la tecnología. Entender cómo frenar esa tendencia y trabajar en la cuarta revolución industrial, son temas que se abordarán por distintas instituciones.[9]

Según Porfirio Muñoz Ledo, es la alianza entre los restos del Partido de la Revolución Democrática [PRD] y el Partido de Acción Nacional [PAN], como suma de la derecha, lo que hace de Ricardo Anaya Cortés, el verdadero peligro para México, por lo que su estrategia de proponer el Ingreso Básico Universal (IBU), entre otros planteamientos, presagia una política de continuidad de la política actual, siendo justamente lo no deseado por los mexicanos.

Al supuesto de continuidad del presidenciable, se le acompañan señalamientos de su inexperiencia e impericia, por diversos medios de comunicación de diferentes orientaciones, a lo cual se suma la postura de apoyar e impulsar, no más puestos de trabajo, al igual que ocurre con la teoría y práctica de la Renta Básica, sino el propulsar la Reforma Energética y la Reforma Educativa, entre otras reformas estructurales, aprobadas por las fuerzas políticas del PRI, PAN, PRD, siendo diputado de la LXII Legislatura e, incluso del Pacto por México con su reconocimiento a su antecesor en la presidencia de su partido, Gustavo Madero Muñoz, por su aportación al mismo.

Con ello ha matado a jóvenes con talento, creando profesiones para las que no son adecuados, cerrando los ojos ante la pobreza, a la continuidad de organizaciones sociales desnutridas, que no dan mantenimiento preventivo y correctivo a las escuelas, volviéndoles la espalda con indiferencia y desprecio, que mata no sólo el presente, sino también el futuro, al matar el porvenir de los jóvenes.[10]

Una renta básica que sea estable en tamaño y frecuencia, así como suficiente, combinada con otros servicios sociales, como parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y permitir la participación social y cultural de cada individuo, no debe reemplazar a los servicios sociales o los derechos, incluido el empleo, los salarios actualizados al poder adquisitivo, desenganchando la productividad y los salarios, que desde hace décadas, es causa del triple proceso de automatización-globalización-financiarización de la economía.

Ricardo Anaya Cortés, también ha propuesto:

2. Pasar de una economía de manufactura a una del conocimiento

El candidato Anaya Cortés, propone además que México pase de una economía de manufactura a una del conocimiento, lo cual excede entrecortadamente, la descripción de la sociedad contemporánea, como economía del conocimiento/información y sociedad posindustrial, que ha hecho innecesaria la mano de obra de la juventud, en una sociedad tecnológica en la que basta apretar unos botones o controlar un teclado.[11] El candidato debiese enfocar esta propuesta con una mirada donde la técnica no acentué el desperdicio de la fuerza y potencia física de la juventud, para no  malgastarla, enfatizando la generación de empleos, que no aborda la teoría de la renta básica , que también deja de lado las soluciones estructurales.

Ricardo Anaya Cortés, además ha planteado:

3. Acabar con la corrupción y la impunidad y recuperar la paz y la seguridad

Ricardo Anaya Cortés, igualmente plantea acabar con la corrupción y la impunidad y recuperar la paz y la seguridad, refiriéndose también a la corrupción de los sindicatos, entre ellos los del magisterio, pues a su decir el dinero que se le transfiere a un sindicato es un recurso público, por lo que se requiere quizá modificar sus prácticas en el uso de ese dinero.[12]

Lo preocupante de esta propuesta no es la fiscalización de los recursos sindicales, sino la posibilidad de que los sindicatos y los trabajadores en general, continúen siendo acosados, desaparecidos y desvanecidos de la negociación colectiva, sustento de la relación y de la estabilidad del trabajo, al estilo Salinista, caracterizado por una visión que excluye, como agentes sociopolíticos a los trabajadores, postura por demás áspera, porque el mundo no se reduce al gobierno y al ámbito empresarial, ¡no es propiedad exclusiva de alguien! Se requiere implementar soluciones conjuntas entre el gobierno, las empresas y las grandes mayorías de trabajadores, evitando el conflicto y la pérdida de tejido social.

En México se han impuesto por ley, métodos de revisión contractual bipartita y no tripartita (gobierno, capital y trabajo), con lo que el Estado Mexicano se ha excluido de la concertación social, propiciando el amago inconstitucional de huelga, contrario a las garantías de reunión, asociación y de la persona, a lo que se suma la también impuesta flexibilidad laboral, a partir de otra Reforma Estructural.

Tales condiciones dificultan la contención de la “carrera de precios y salarios”, del desempleo y condiciones de trabajo, de salud y bienestar inadecuados, que al no dotar de recursos a los trabajadores como consumidores; las empresas no logran penetrar el mercado, ni generar los recursos indispensables para operar competitivamente, contar con sanas y redituables finanzas, lo que ha hecho que en diversas ocasiones, el gobierno haya tenido que rescatar a empresas, sea con reducción de gravámenes tributarios, concediendo condiciones de excepción y/o pagos de largo plazo.

Según la UNCTAD, el sindicalismo actual enfrenta el reto de resistir los embates de la economía mundial, pues al mantener ociosos a grandes sectores de su población activa [13], no ha logrado ejercer la autonomía que la legislación le otorga y la titularidad de los contratos colectivos de trabajo.

El método utilizado, ha sido el poner en práctica el fomento a la eficiencia de la mano de obra y la capacitación o adiestramiento de los trabajadores, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bajo los principios expuestos en el documento titulado “Estrategia del desarrollo”, a través del cálculo de ingreso mínimo per cápita (salario compensatorio o remunerativo, consignado en la ley mexicana), regulado por los programas de producción.

El gobierno mexicano se ha propuesto un mayor número de empleos a costa del poder salarial, que de manera permanente merma el acceso a los satisfactores esenciales para la subsistencia, la salud, la educación y la vivienda.

El candidato Ricardo Anaya omite el planteamiento explícito respecto a la mano de obra migrante, hacia los Estados Unidos de América, abordado en ese país con criterios de política económica, social y diplomática, sin que México implemente una política social que exprese categóricamente que la contención a la migración de países centro y sudamericanos, no es responsabilidad y menos obligación del Estado Mexicano.

Ricardo Anaya Cortés, ha comprometido:

4. El combate a la corrupción y reducción del número de funcionarios

Anaya propone combatir los altos índices de corrupción en México, uno de los países más corruptos del mundo, creando un nuevo sistema de fiscalización del dinero en la política, sancionar el uso de dinero ilícito en los gastos de campaña; eliminar el uso de dinero efectivo en los tres órdenes de gobierno, uso del sistema financiero digital y portátil para todas las operaciones, que de seguimiento e información de la asignación de los recursos públicos a la ciudadanía, a partir de una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción, autónomas e independientes del poder político.[14]

La propuesta de combate a la corrupción, es una necesidad imperiosa en el país, pero la credibilidad del candidato esta mermada, por la reciente denuncia de los empresarios Alberto Galindo y Daniel Rodríguez, ante la Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la presunta creación de una red de “empresas fantasma”, a solicitud del empresario Manuel Barreiro Castañeda, con recursos provenientes de fuentes no claras, para beneficiar a la coalición “Por México al frente”, de quien es candidato el Panista, Ricardo Anaya.

A consecuencia del escándalo y de señalar al PRI, como el autor de tales acusaciones en su contra, Anaya Cortes, denunció al candidato priista, José Antonio Meade, de desvío recursos por más de 500 millones de pesos, cuando se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social, lo cual los coloca en desventaja, con respecto a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en las preferencias electorales.[15]

Anaya también ha propuesto reducir el número de funcionarios públicos, lo cual no es prudente porque hoy existen más funcionarios que personal de apoyo, pese a la reducción del tamaño del Estado Mexicano, a partir de los inicios de los años ‘80s, porque no habría quien desarrollase los trabajos necesarios de la actividad pública, como hoy ocurre, sin que tampoco los ahorros alcanzados, fuesen significativos, aunque si sería conveniente aplicarla al tamaño del poder legislativo y/o a sus emolumentos.

Ricardo Anaya Cortés, igualmente ha prometido:

5. Ayuda a emprendedores

El candidato Anaya ha propuesto ayudar a los emprendedores, lo cual es muy importante, pero fuera de los esquemas financieros que hoy prevalecen, que se acompañan de altas tasas de fracaso, sobre todo para los jóvenes, sector demográfico urgido de soluciones ante el desempleo, la falta de ingreso y la aspiración legítima de alcanzar ingresos más altos que los salarios ofrecidos por el mercado.

Los emprendedores y las MiPymes generan 52% del PIB y crean 72% de los empleos, según Rodríguez y Urbina[16], lo que manifiesta la enorme importancia de impulsar el emprendimiento, con un adecuado y no rapaz sistema de financiamiento, en un ambiente de nula corrupción institucional, afectando, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI, al 2016 a una población emprendedora en México, de 5 mil 883 personas, de las cuales 5 mil 331 son adultos de 30 a 59 años y 522 jóvenes, entre los 18 a 29 años.

Las características del negocio emprendido, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y. Empleo (ENOE) en 2016, indican que 93 de cada 100, se clasifican como micronegocios, de los cuales 20 pertenecen a mujeres y el resto corresponden a varones; el 58.2% ostentan un carácter informal con aportaciones marginales a la creación de empleos formales y bien remunerados; el 82.2% se ubica prioritariamente en zonas urbanas, sin apreciarse creación de negocios en áreas rurales que den acceso al mercado de trabajo, a través del autoempleo.

Geográficamente, son las entidades federativas del norte del país, cercanas a Estados Unidos, los que cuentan con los menores porcentajes de jóvenes emprendedores en relación con las zonas centro y sur de la República Mexicana. Los resultados de la ENOE para 2016, muestran que el Estado de México ocupa el primer sitio en iniciativas de negocio de jóvenes respecto al total nacional (14.92%), seguido por Jalisco (9.39%) y Chiapas (7.03%). Alternativamente, Baja California Sur y Tlaxcala revelan cifras inferiores al 1%.

Tan importante es el emprendimiento, como la forma de resolver los problemas de otro sector importante de la población, que se gana la vida y obtiene ingresos, vendiendo algún producto u ofreciendo algún tipo de servicio en la informalidad, colocándolas en situación de vulnerabilidad, aun siendo lícitas las actividades que desarrollan en el espacio público, como trabajadores cuyos precios de productos o servicios son accesibles, al alcance de cualquier persona.

No es coherente proceder con exigencias, en el marco de la flexibilidad laboral, de bajos sueldos, de ausencia de prestaciones y amplias jornadas de trabajo, porque la Reforma Estructural que la concibió, ha vuelto tan informal el “trabajo formal” como el denominado Sector Informal de la Economía, al haberse renunciado el modelo tradicional de trabajo asalariado, sustentado en contratos de trabajos temporales, sin derechos sociales y sin establecer una jornada laboral específica y si, la subcontratación de asalariados.

Las exigencia que se hacen a los necesitados de empleo, con la “flexibilidad Laboral”, es resultado de la visión y de una realidad, que ha hecho del pleno empleo, una utopía,  y de la estabilidad laboral una demanda obsoleta (derecho al trabajo, seguridad social, sindicatos, etc.).

Al admitirse la flexibilidad laboral, y por tanto la eliminación del modelo tradicional de trabajo, deben garantizarse los derechos humanos de toda la población, con una visión amplia del trabajo que asegure, promueva y proteja el derecho de toda persona a ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado, como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Visto el trabajo informal en el espacio público, como principal alternativa de trabajo, frecuentemente criminalizado, cuando ideado y forjado por la ciudadanía, ha sido una válvula de escape ante las crisis económicas recurrentes en México, ante el desempleo, búsqueda de ocupación infructuosa o con resultados precarios, que hay que agradecerle el ser un mecanismo que permite contabilizar tasas de desocupación bajas, favoreciendo los indicadores económicos locales y nacionales, a la hora de medir el desempleo en el país.

Ocupados en el sector informal

El amplio porcentaje de la población trabajadora informal, vive en alta vulnerabilidad y mala calidad de vida, con acceso deficiente a servicios, en particular de salud, formación profesional o créditos; exponiéndose a los bajos e irregulares ingresos, a las largas jornadas de trabajo sin días o tiempo de descanso; carentes de seguridad contra accidentes, entre otros aspectos, como es la incertidumbre y/o amenazas, haciéndose necesario el ampliar la cobertura de protección y previsión social, hacia esta población.

Si bien ello está reconocido en la Ley Federal del Trabajo, los criterios establecidos están permeados por un enfoque centrado en el modelo de trabajo asalariado tradicional ya prácticamente inexistente, que en el caso de la Ley del Seguro Social, aun previendo que personas no asalariadas, puedan afiliarse voluntariamente al sistema de servicios, no deriva en ello, por las limitaciones impuestas por el equilibrio financiero de la institución.

Las actividades de trabajo informal en general y en particular, el del espacio público, deben considerarse a la hora de buscar la convivencia armónica entre sociedad y normatividad, porque los conflictos no surgen usualmente, por la existencia de la actividad en sí, sino por la forma y el espacio en que determinados grupos las llevan a cabo, que al compartirlos con algunos comercios formales, obstruyen el tránsito y la movilidad o se apropian de espacios como las banquetas y calles, que causa contrariedades e inconformidad, lo que debe resolverse, garantizando la convivencia respetuosa.

Ocurre lo contrario, aún bajo el enfoque de derechos, que establece claramente que los trabajadores de todo tipo tienen derecho al trabajo, a la seguridad social y a condiciones mínimas, justas y satisfactorias de trabajo, entre otros. Es ilustrativo el ejemplo en la Ciudad de México, que con el Acuerdo número 11/98 se buscó regular el comercio informal en toda la ciudad, reconociendo esta actividad como de interés público, por lo que se otorgó el derecho al comercio en espacios públicos a cambio del pago del derecho de piso, que bien requiere actualizarse, revisarse y generalizarse en las políticas públicas.

Es necesario que el gobierno brinde a estos trabajadores, distintos tipos de servicios y capacitaciones para eliminar problemáticas generadas por la falta de acceso a baños, recolección de basura y microcréditos, entre otros, así como el que cuenten con espacios dignos y decorosos para realizar sus actividades y cuidar del entorno, eliminando la discrecionalidad de las autoridades delegacionales y de cuerpos policiales en el otorgamiento de licencias, práctica recurrente que padecen estos trabajadores que llegan a establecer acuerdos verbales de tolerancia y pago de cuotas, haciendo necesaria la redefinición de la naturaleza y destino de los espacios públicos.

Es importante fortalecer y fomentar las actividades tradicionales, las de la economía de subsistencia y las artesanías de la población originaria y de los pueblos y comunidades indígenas; erradicar el trabajo infantil; esclarecer las atribuciones de las diversas dependencias y niveles de gobierno en la materia así como la coordinación interinstitucional; crear un instrumento de resolución de controversias, quejas y querellas al enfrentarse diversos usos de los espacios, que eviten el abuso y acoso de las autoridades; con criterios y límites establecidos que permitan el ejercicio de los derechos de las personas usuarias de estos espacios, entre otros, mediante el trabajo legislativo.

Los trabajadores informales deben ser capacitados y educados en temas relacionados con la protección de la salud, por ejemplo sobre el manejo y preparación de alimentos y bebidas; los usos del aceite quemado; el manejo de residuos sólidos; la desinfección de equipos, utensilios, alimentos y espacios de venta; la protección de agentes contaminantes; la exposición al sol; las normas que regulan el uso de tanques; y alternativas para usar materiales menos contaminantes, como el unicel, entre otras prácticas.

Ricardo Anaya Cortés, ha indicado:

6. El candidato de Morena, puede espantar las inversiones en México

El candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, indicó que un pleito del candidato de Morena a la Presidencia de la República con empresarios, puede espantar las inversiones en México, cuando el decrecimiento y estancamiento de la inversión, ¡ya está en las cifras oficiales del país! , por lo que la confrontación «con los hombres que generan más de un millón y medio de los empleos» en nuestro país, no es la causa de su caída, sino el señalamiento de lo que hay que corregir.

La inversión Extranjera Directa (IED), la inversión nacional, nueva pública y privada, muestran una tendencia decreciente, con un pronóstico de corto plazo desfavorable hacia el futuro, que disfrutó en el año 2013 de los niveles más altos, con una caída estrepitosa de la IED, al año siguiente de la aprobación de las Reformas Estructurales, en 2014, sin que se vislumbre la posibilidad de alcanzar los niveles del año anterior.

Tales caídas, ocurren en momentos y gobiernos en los que el partido de Morena y su candidato, ¡no han estado al frente del ejecutivo nacional!

Relevo generacional

Ricardo Anaya Cortés, también ha ofrecido:

7. Ampliar la cobertura universitaria

El panista se comprometió, en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES a ampliar la cobertura universitaria, que actualmente es del 37.3%, proyectando en su gobierno, el brindar atención al 50% de los jóvenes, en presencia de rectores de las 175 universidades públicas que conforman la ANUIES, quienes entregaron a Ricardo Anaya el documento “Visión y Acción 2030”, plan de trabajo para fortalecer la enseñanza pública superior.

Si se consideran como aspirantes a la educación superior, a los jóvenes de 20 a 29 años de edad según datos del CONAPO, sin importar los principios de la educación a lo largo de la vida, se tendría un escenario programático de partida de 10,533,541 estudiantes en el nivel superior para el 2019, con respecto a los proyectados de 3,914,528, en ese mismo año, lo que representaría un incremento de 169.09%, que requiere una expansión de infraestructura física, humana y material, a la altura de la propuesta.

Elevar acceso a educación superior

¿Quimeras o panfletos ¡las propuestas del candidato!?

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[1] Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, respectivamente.

[2] Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, respectivamente.

[3] @ElFinanciero_Mx. (28/03/2018). ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos a la Presidencia? 8/05/2018, de El Financiero Sitio web: https://bit.ly/2GAZgyJ.

[4] Ramiro Pinto. ¿Qué es la Renta Básica? 8/05/2018, de Escritos de Ramiro Pinto Sitio web: https://bit.ly/2I9ipVU

[5] Indicadores del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Indicadores del SIISE. Incidencia de la pobreza de consumo. 20/05/2018, de Indicadores del SIISE. Sitio web: ficpob_P13.htm

[6] SIISE. Necesidades básicas insatisfechas (NBI). 0/05/2018, de SIISE Sitio web: http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/POBREZA/ficpob_P05.htm

[7] Daniel Zamora. (24 Septiembre 2017). Renta básica: génesis de una idea neoliberal. 21/05/2018, de Asociación Cultural Jaime Lago Sitio web: http://www.jaimelago.org/node/152

[8] Dr. Christian Iván Becerril Velasco. Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación [Infotec]. Estado, Tecnología y Pobreza en México. 1/06/2018, de CONACYT Sitio web: https://centrosconacyt.mx/objeto/estado-tecnologia-pobreza-mexico/

[9] Gerardo Villafranco. (junio 24, 2016). ¿Cómo evitar que la tecnología nos robe el empleo? 1/06/2018, de Forbes México Sitio web: https://www.forbes.com.mx/como-evitar-que-la-tecnologia-nos-robe-el-empleo/

[10] Ramiro Pinto Cañón. (15 dic. 2017). Renta Básica Universal. 11/05/2018, de Ramiro Pinto Cañón Sitio web: https://bit.ly/2KdxxSL.

[11] Fuchs, Christian, Una Contribución a la Crítica de la Economía Política del Capitalismo Informacional Transnacional. Nómadas (Col) [en línea] 2012, (Abril): [Fecha de consulta: 11 de mayo de 2018] Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105124264003 ISSN 0121-7550.

[12] El Mexicano. (9 mayo, 2018). Anaya propone acabar con la corrupción sindical. 11/05/2018, de El Mexicano. Sitio web: https://bit.ly/2IaV9Lc.

[13] UNCTAD, En torno a la Ronda de Tokio. Comercialización y distribución de servicios, Documento núm. 19/TBDC, Ginebra. Pp. 89. 1977.

[14] Redacción de Excélsior. (16/04/2018). Presenta Anaya 4 propuestas para combatir la corrupción. 11/05/2018, de Excélsior. Sitio web: https://bit.ly/2IccOyk

[15] Eros Ortega. (01 mar 2018). La corrupción de Ricardo Anaya. 11/05/2018, de SDPnoticias.mx. Sitio web: https://bit.ly/2KU1E2Y.

[16] Rodríguez A., y Urbina, A. (2015). Emprendedurismo y corrupción. En Instituto Mexicano para la Competitividad [IMCO] (Ed.), La corrupción en México: transamos y no avanzamos (pp.19-30). México: IMCO, en Rosa Azalea Canales, Yuliana Gabriela Román Sánchez y Wendy Ovando Aldana. (17 Febrero 2017). Emprendimiento de la población joven en México. Una perspectiva crítica. Sistema de Información Científica Redalyc Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. P. 15.

 

 

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